MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -
El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprobado este lunes un decreto para robustecer su legislación sobre "países seguros" para la repatriación tras la sentencia emitida la pasada semana por un tribunal de Roma, que declaró ilegal la reclusión en Albania de los migrantes trasladados desde Italia.
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha detallado en una rueda de prensa que ahora son 19 países los que forman parte de la lista y se han excluido tres: Camerún, Colombia y Nigeria, según ha recogido la agencia de noticias AndKronos.
La primera ministra ha advertido poco antes de que su Gobierno seguirá trabajando "sin descanso" para defender las fronteras y restablecer lo que considera con principio "fundamental", en virtud del cual "en Italia sólo se entra legalmente", días después de que un tribunal de Roma dictase el primer varapalo judicial al acuerdo con Albania para trasladar a solicitantes de asilo.
Meloni ha recalcado su 'hoja de ruta' en un comunicado en el que ha aplaudido una "brillante operación" de las fuerzas de seguridad italianas contra una red de tráfico de personas por la que se ha detenido hasta a 13 personas.
"Es una prioridad luchar contra quienes se aprovechan del deseo legítimo de la gente de tener condiciones de vida más favorables para aumentar sus ganancias", ha señalado la primera ministra, que se ha referido a estas redes como "esclavistas del tercer milenio".
La jefa del Gobierno ya criticó el falló judicial emitido el viernes y que ha supuesto el retorno a Italia del primer grupo de migrantes trasladado a Italia. La sentencia ponía en duda que los países de procedencia de estas personas, en concreto Egipto y Bangladesh, pudiesen ser considerados seguros, como defienden las autoridades italianas.
El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha explicado en una entrevista a 'La Repubblica' que lo que hay ahora que corregir es la definición de país seguro, un extremo que, en su opinión, "no puede ser responsabilidad del poder judicial". En este sentido, ha defendido que debe derivar de una "evaluación política".
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