BRUSELAS 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea ha adoptado este viernes sanciones contra 15 funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, y cargos del Consejo Nacional Electoral, por su implicación en las irregularidades registradas en las elecciones en Venezuela y por proclamar a Nicolas Maduro ganador de los comicios presidenciales sin presentar ninguna prueba que avale el resultado.
Así las cosas, los Veintisiete responden a la crisis política en Venezuela ampliando las sanciones existentes para añadir a 15 personas más a su 'lista negra', según pactaron los 27 a finales de año para engordar la lista hasta los 70 individuos. Este movimiento llega a horas de que Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato presidencial, el tercero, sin que haya publicado el escrutinio completo que confirme su victoria electoral el pasado 28 de julio.
En concreto, los Estados miembros responsabilizan a Caryslia Rodríguez de declarar "incontestable" la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales un paso que dio el Supremo sin divulgar los datos detallados de la votación en los que se basaba su sentencia y a pesar de las irregularidades en la gestión del proceso electoral por parte del CNE. También le acusa de interferir en las elecciones primarias de la oposición, obstruyendo su participación de cara a las elecciones presidenciales. "Las acciones de Caryslia Rodríguez han socavado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela", ha indicado el texto legal que ha podido consultar Europa Press tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Entre los sancionados, la UE incluye a la vicepresidenta del Supremo, Fanny Márquez, y a otros magistrados del Tribunal Supremo por certificar el triunfo de Maduro y por sus maniobras para descalificar de la carrera electoral a la líder opositora María Corina Machado, suspendiendo sus derechos electorales.
En la misma línea, el bloque apunta a dirigentes del CNE por las irregularidades registradas en el marco de las elecciones de julio, en concreto por retrasos en los procesos de los centros electorales y por ocultar los mensajes que revelaban esas irregularidades.