MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Esuatini ha anunciado su decisión de prohibir todas las protestas en el país ante el aumento de las movilizaciones antigubernamentales, un día después de suspender las operaciones de la red social Facebook y ante la llegada de una delegación regional para intentar mediar en la crisis.
"A causa de las tensiones en el país, como ministro de Desarrollo Urbano, he decidido no emitir permisos a los manifestantes", ha manifestado el titular de la cartera, Prince Simelane, tal y como ha recogido el portal de noticias Swaziland News.
Sin embargo, líderes de partidos políticos y organizaciones estudiantiles han subrayado que mantendrán sus convocatorias para reclamar reformas democráticas en el país, en el que rige una monarquía absoluta encabezada por Msuati III.
"Anunciaremos nuestro programa de acción, que dejará el país ingobernable. Queremos que Msuati III se vaya. Su tiempo ha terminado", ha manifestado el presidente del Sindicato de Estudiantes de Esuatini, Colani Maseko, en declaraciones al citado portal de noticias.
Las protestas, que se han sucedido de forma esporádica durante los últimos meses y han repuntado esta semana, han sido reprimidas con dureza, con informaciones sobre muertos y decenas de heridos a manos de las fuerzas de seguridad, que han empleado fuego real.
En este contexto, una delegación de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) llegó el jueves a la capital, Mbabane, para reunirse con el rey y el Gobierno para abordar asuntos de "seguridad y desarrollo político" en el país africano.
Las manifestaciones derivaron en junio en disturbios, incluidos saqueos e incendios de varios edificios y tiendas propiedad del rey en Matsapha, situada en el centro del país. Las protestas estallaron para reclamar al rey un proceso de democratización, incluida su abdicación y la celebración de elecciones.
Esuatini, un país de cerca de 1,3 millones de habitantes conocido como Suazilandia hasta 2018, ha estado regido como una monarquía absoluta por Mswati III desde 1986. El monarca controla el Parlamento y nombra a los ministros, lo que ha generado críticas por su monopolio del poder.