El TPI busca pruebas de crímenes de guerra cometidos en RDC, en particular en Kivu Norte (este)
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Un tribunal militar de República Democrática del Congo (RDC) ha emitido este miércoles una orden de arresto internacional contra Cornielle Nangaa, líder de la Alianza Río Congo, encabezada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que ha protagonizado la ofensiva llevada a cabo en los últimos días en el este del país africano.
"Ordenamos que Nangaa sea detenido dondequiera que se encuentre y llevado a territorio nacional bajo custodia y entregado a las autoridades competentes", se lee en un comunicado firmado por el fiscal general del tribunal militar de Kinshasa, Mbuta Muntu Awirande Parfait, que también solicita el arresto del portavoz del movimiento, Jean-Jacques Mamba.
Nangaa, líder de la Alianza Río Congo desde agosto de 2023, fue el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) entre 2015 y 2021 durante la certificación de la victoria del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, en los controvertidos comicios de 2018. En 2024, fue condenado en rebeldía a pena de muerte por crímenes de guerra, participación en una insurrección y traición al proponer una alianza con el M23.
Por su parte, Mamba, que reside en Bélgica y fue diputado en RDC entre 2018 y 2023, se unió a la Alianza Río Congo tras su fracaso en las elecciones legislativas de ese mismo año, según informa la agencia de noticias congoleña ACP.
TPI BUSCA PRUEBAS DE CRÍMENES DE GUERRA EN RDC
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha recordado que su oficina tiene una investigación abierta sobre la situación en RDC y ha pedido a "aquellos que tengan información relevante sobre los acontecimientos actuales" que cooperen y se la hagan llegar.
Khan anunció en octubre de 2024 que renovaba los esfuerzos de la investigación en RDC, centrándose prioritariamente en los presuntos crímenes del Estatuto de Roma cometidos en la provincia de Kivu Norte desde el 1 de enero de 2022. "Esta investigación está activa y continúa con urgencia y atención", reza un comunicado.
"La Fiscalía sigue de cerca los acontecimientos actuales, incluida la grave escalada de violencia de las últimas semanas en el este de RDC, en particular en Goma, capital de Kivu Norte, y sus alrededores. Fuentes fidedignas indican que miles de personas han resultado heridas y cientos han muerto en Goma, incluidos civiles y 'cascos azules', tras meses de enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el M23", ha señalado.
En este sentido, ha indicado que la presente situación está "dentro del ámbito de la investigación actual de la Fiscalía", que "seguirá investigando los presuntos delitos cometidos por cualquier persona, independientemente de su afiliación o nacionalidad, y no se limitará a individuos, partidos o miembros de grupos específicos en particular".
HRW PIDE A LA ONU INVESTIGAR LOS ABUSOS COMETIDOS
La ONG Human Rights Watch (HRW) y más de 70 organizaciones de Derechos Humanos, tanto locales como regionales e internacionales, han pedido este miércoles que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU forme durante su sesión de emergencia convocada para este viernes un mandato independiente para investigar los abusos cometidos por todas las partes en el conflicto actual.
"Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU deben actuar con decisión para crear el mandato independiente solicitado para el este de RDC. La población ha soportado un inmenso sufrimiento durante muchos años. Es de vital importancia adoptar medidas decisivas para poner fin a los ciclos de violencia e impunidad y promover un futuro basado en la Justicia y el respeto a los DDHH", ha declarado el director de HRW para África, Allan Ngari.
Esta ONG ha señalado que un mecanismo de investigación independiente "es crucial por varias razones": proporcionaría un relato exhaustivo e imparcial de las violaciones de DDHH y el Derecho Internacional Humanitario, "arrojando luz sobre los abusos cometidos"; serviría como elemento disuasorio contra futuras violaciones al evidenciar que la comunidad internacional está comprometida con la rendición de cuentas; y allanaría el camino para las reparaciones a las víctimas y supervivientes.