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MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las delegaciones de República Dominicana y Haití se han reunido este martes en la parte haitiana de la frontera común para reanudar el diálogo sobre diversos temas de interés bilateral, incluida la migración, que quedó roto el pasado mes de noviembre a raíz de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional dominicano.
La reunión ha comenzado a las 13.15 (hora local) en la localidad de Ouanaminthe, en el noreste de Haití, con dos horas de retraso, según ha explicado la delegación dominicana, por problemas en el traslado hasta la sede del diálogo.
La agenda incluye temas de seguridad, economía y medio ambiente, así como migratorios, aunque --de acuerdo con ambos gobiernos-- no se hablará de la controvertida decisión judicial, informa el dominicano 'Diario Libre'.
El objetivo es "encontrar un consenso y soluciones aceptables con el fin de despejar cualquier disputa entre los dos países en materia de migración, comercio, seguridad fronteriza y regularización de los mercados binacionales", indicó el pasado sábado Santo Domingo.
La delegación dominicana está formada por el ministro de la Presidencial, Gustavo Montalvo; el de Interior y Policía, José Ramón Fajul; el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón; el viceministro de Exteriores, José Manuel Trullols; y el asesor jurídico del Gobierno César Pina Toribio.
Por parte de Haití participan el primer ministro, Laurent Lamothe, y los ministros de Exteriores, Pierre Richard Casimir; Comercio, Wilson Laleau; e Interior, David Bazile; así como el director regional de Ayuda en Acción, Nesmy Manigat.
Las conversaciones cuentan con el auspicio de Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Unión Europea (UE) y con la mediación del ex presidente panameño Martín Torrijos y de la viceministra de Exteriores para América Latina de Venezuela, Verónica Guerrero.
POLÉMICA SENTENCIA
El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, con lo que serían "ilegales" o estarían "en tránsito".
La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.
República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.
CRISIS DIPLOMÁTICA
En este contexto, el pasado 19 de noviembre, Santo Domingo y Puerto Príncipe emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.
"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", dijo el Gobierno de Danilo Medina.
La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque República Dominicana acusó a Haití de romper esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
El viceministro de Exteriores explicó que "República Dominicana tomó esta determinación en vista del desconocimiento por parte de Haití de la Declaración Conjunta mediante la cual se comprometió a priorizar el diálogo".
"En la reunión de la Caricom celebrada en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la Declaración Conjunta", dijo, en alusión a la cumbre en la que se decidió suspender el proceso de adhesión de República Dominicana.
REFORMA MIGRATORIA
Así las cosas, el pasado 29 de noviembre Medina emitió el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses, a partir de la puesta en marcha del mismo.
Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.
Asimismo, el decreto establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias, tener un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.