El PSOE defiende los cambios en la norma: "Cuando se detecta un error, puede corregirse"
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP ha aprobado este martes en el Senado un doble requerimiento formal al Gobierno y al Congreso para que procedan a "revocar la corrección de errores" introducida de manera "fraudulenta" en la Ley de Eficiencia Jurídica a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria, dando así el primer paso para plantear otro choque institucional entre Cámaras, que podría desembocar en el Tribunal Constitucional (TC).
Este requerimiento oficial ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP y ha contado también con el apoyo de Vox y UPN, como suele ser habitual. El PSOE ha votado en contra y el resto de formaciones han optado por abstenerse.
El PP denuncia en este caso que el Gobierno y el Congreso han utilizado "de forma fraudulenta" la corrección de errores para modificar el texto final de la Ley de Eficiencia Jurídica respecto a lo que se aprobó en el Parlamento.
La mayoría absoluta del PP vetó el proyecto de ley en el Senado y lo devolvió al Congreso, que levantó esa enmienda a la totalidad y el proyecto fue publicado en el BOE como ley orgánica.
PARA MODIFICARLA SE NECESITA "OTRA LEY"
Una vez publicada en el BOE, la portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García, acusó al Gobierno y al Congreso de publicar "una abusiva corrección de errores" a esa norma.
García criticó que la ley fue aprobada en las Cortes sin recoger los complementos salariales por destino de un subgrupo y un grupo de jueces y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "sí lo incluyeron días después en el BOE y en el BOCG utilizando la vía de la corrección de errores".
"Una ley sólo puede ser modificada por otra ley", avisó García, que aseguró que "es una muestra más del intento de Sánchez de gobernar de espaldas al Parlamento, una falta de respeto a la democracia y a la soberanía nacional".
También anunció que presentarán una proposición de ley para que las categorías de jueces que se quedaron fuera de la iniciativa del Gobierno "sí reciban el debido complemento salarial".
UNA "ARTIMAÑANA ANTIDEMOCRÁTICA"
Durante el debate en el Pleno, el senador del PP Antonio Silván ha exigido que se revoque porque "no es una mera corrección de errores", sino una "artimaña antidemocrática" para legislar fuera de las Cortes. "Estamos, una vez más, ante un tic autoritario y partidista al que nos tiene acostumbrados el señor Sánchez y los socialistas", ha sostenido.
Silván ha calificado lo sucedido como un "ejercicio de descarada y descarnada arbitrariedad" en el que el Gobierno ha actuado como "si fuera una tercera cámara legislativa" y el Congreso "ha violentado los derechos de los parlamentarios", vulnerando la seguridad jurídica.
Desde el PSOE, la senadora Melania Álvarez ha defendido que "cuando se detecta un error, puede corregirse" para facilitar la vida de las personas y, en este caso, la de los jueces de esos grupos.
Álvarez ha criticado que el PP pretenda iniciar otro choque institucional mediante un "espectáculo bochornoso", empleando "argumentos que poco o nada tienen que ver con el fondo de la cuestión y apelando a cualquier norma que ampare sus deseos, tenga o no que ver con lo que se debate".
Por su parte, Eduard Pujol, de Junts, ha reivindicado la figura de los jueces de paz y ha reclamado que puedan volver a celebrar matrimonios, "como se hacía con normalidad" hasta la aprobación de esa ley.
TERCER CHOQUE EN ESTA LEGISLATURA
Si finalmente el Congreso y el Gobierno desoyen este requerimiento del Senado, el PP tiene la intención de utilizar su mayoría absoluta para elevar al Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con otros órganos del Estado.
Cabe recordar que el primer choque institucional de la democracia entre el Senado y el Congreso fue impulsado por el PP a colación de la Ley de Amnistía, aunque finalmente los 'populares' decidieron dejar sin efecto esta medida y no lo elevaron al Constitucional.
No obstante, el PP sí que optó por seguir adelante con un choque institucional en el caso de la norma que podría beneficiar a presos de ETA al conmutarles las penas cumplidas fuera de España.