LIMA, 25 Sep. (Reuters/EP) -
El enfrentamiento del presidente peruano, Martín Vizcarra, con el Congreso sobre los planes de reforma política en la lucha contra la corrupción podría desencadenar una crisis constitucional en una de las economías de mayor crecimiento de América Latina.
Salvo un sorpresivo giro, la propuesta de Vizcarra de adelantar las elecciones va camino directo al archivo y con ello la posible respuesta de un cierre del Congreso, abriendo un nuevo episodio de incertidumbre política en el país minero.
Vizcarra acusa al Congreso de distraer su labor con varias interpelaciones a sus ministros y de empujar a la renuncia a miembros de su gabinete, con el voto mayoritario del partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial que perdió por escaso margen los comicios de 2016 y ahora está detenida por sospechas de lavado de dinero.
El Congreso de mayoría opositora ha dado ya varias señales de que no aceptará la iniciativa de recortar un año la gestión del Legislativo y la del mismo Vizcarra, quien busca salir de lo que llama una crisis de gobernabilidad en medio de una continua y encarnada pugna entre ambos poderes.
Algunas calificadoras de riesgo y el propio Gobierno ya han revisado a la baja su estimado de crecimiento económico de Perú, principalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero con una cierta dosis de dudas que implicaría un adelanto del calendario electoral.
Vizcarra, quien planteó a finales de julio su propuesta, ha afirmado que confía y que esperará hasta finales de septiembre que el Congreso apruebe su iniciativa para acabar con un entrampamiento que dice que no lo deja gobernar.
El presidente ha emprendido una maratoniana campaña con viajes frecuentes al interior para presionar al Congreso y advertir a la población de que los legisladores están dilatando el debate del tema. Según un reciente sondeo, el 78 por ciento de los peruanos avala un adelanto de elecciones y un porcentaje similar considera obstruccionista al Congreso.
A continuación, algunas de las alternativas que podrían ocurrir frente al plan de Vizcarra de acudir a las urnas un año antes de lo programado y elegir un nuevo presidente y nuevo Congreso para un mandato de cinco años desde julio del 2020:
APRUEBAN INICIATIVA
Si el Congreso de 130 miembros concede el adelanto de elecciones, Vizcarra convocaría en noviembre un referéndum para ratificar el cambio del calendario electoral. Con ello, llamaría a elecciones generales el 19 de abril, según la propuesta. El plan considera incluso una segunda ronda electoral en junio.
Un nuevo Congreso ayudaría a Vizcarra a enfocarse en reformas para combatir la corrupción y en medidas para impulsar las inversiones de grandes proyectos públicos y privados, especialmente en el clave sector minero y energético.
RECHAZAN PROYECTO
La propuesta de Vizcarra es cuestionada principalmente por el conservador partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Lo más probable es que esta formación, con 54 escaños, reúna alrededor de 80 votos para rechazar o archivar el proyecto junto a otros grupos opositores, según legisladores.
La negativa o dilación del plan llevaría a Vizcarra a recurrir a un recurso constitucional: la "cuestión de confianza". La Constitución establece que el presidente puede presentar este recurso ante el Congreso para que su consejo de ministros sea respaldado. Y si un gabinete es rechazado dos veces, el mandatario puede disolver el Parlamento y llamar a elecciones legislativas.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional dejó abierta la puerta para que el presidente pueda invocar "la cuestión de confianza" sobre cualquier proyecto de ley o política de Estado, según analistas, una decisión que le daría mucha más fuerza a la figura presidencial.
El Congreso ya ha rechazado un voto de confianza bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo del año pasado en medio de acusaciones de corrupción. Vizcarra, su vicepresidente, tomó las riendas del país para completar el mandato de cinco años. Las diferentes interpretaciones --incluso entre los propios miembros del Tribunal Constitucional-- sobre un voto de confianza han generado una polémica que podría terminar en manos de la máxima corte.
NI LO UNO, NI LO OTRO
El Legislativo bien podría otorgar el voto de confianza al Gobierno pero rechazar el plan de adelantar comicios. También podría remitir al Tribunal Constitucional la petición de confianza para definir si es legal y dilatar el debate.
"La Constitución le reconoce al presidente la facultad de presentar iniciativas legislativas de reforma constitucional y esa competencia termina cuando la presenta. Pero la tarea que le corresponde al Congreso es analizar esa iniciativa, aprobarla o desaprobarla", afirmó a Reuters Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional.
Incluso un flamante Tribunal Constitucional --integrado por siete magistrados-- podría ser el encargado de resolver la controversia, porque seis de sus miembros ya cumplieron sus funciones y el Congreso planea elegir a sus nuevos integrantes el 30 de septiembre.
VIZCARRA PIERDE LA PACIENCIA Y CIERRA EL CONGRESO
Hace casi dos semanas, un grupo minoritario de legisladores que apoya el plan se reunió con Vizcarra y evaluaron mecanismos legales para salir de la crisis, incluido el cierre del Congreso, mostrando que es una posibilidad cierta del mandatario.
"Al presidente no le va a quedar otra alternativa que jugarse lo que ha venido diciendo en todas sus manifestaciones. Si no lo hace va quedar como temeroso", señaló una fuente muy cercana al Gobierno que pidió el anonimato.
Un cierre del Congreso generaría protestas de legisladores alegando que es inconstitucional, y hasta activarían demandas contra Vizcarra en instancias legales, según parlamentarios. Algunos legisladores, como el exministro de Justicia de Vizcarra Salvador Heresi, dijeron que se atrincherarán y los tendrán que sacar con la fuerza pública.
Si se llega a este escenario, Vizcarra tendría que convocar a elecciones sólo para completar el mandato legislativo. Para los políticos no sería atractivo postular al Congreso para terminar el periodo en 2021, porque si ganan no podrían postularse a una reelección inmediata, según una reciente norma electoral, para otros cinco años en el cargo.
La última vez que un mandatario cerró el Congreso en Perú fue en 1992, cuando Alberto Fujimori, padre de Keiko, alegó obstrucción del parlamento en temas de seguridad y economía. Sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.
CONGRESO PIDE VACANCIA O LA RENUNCIA DE VIZCARRA
Legisladores han puesto sobre la mesa otra figura legal para contraatacar: la vacancia presidencial. El Congreso puede pedir la vacancia para sacar del poder al mandatario alegando incapacidad moral, en el caso de Vizcarra por supuesta corrupción en un contrato para construir un aeropuerto cuando el hoy presidente era ministro de Transporte en 2017. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, pero Vizcarra ha negado cualquier irregularidad.
Para una vacancia se necesitan 87 votos, difíciles de reunir por la oposición. Tampoco es una idea popular: un 69 por ciento de los peruanos rechaza esa medida, según una encuesta.
Vizcarra podría asimismo optar por su renuncia y la de su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, lo cual llevaría al Congreso a convocar elecciones generales. Pero Aráoz ya aclaró que no dimitirá de su cargo y que incluso está en contra de la propuesta oficial de adelanto de elecciones.
Pero Vizcarra suele ser impredecible y el factor sorpresa ha sido la característica en su año y medio de gestión, como convocar a una consulta popular para eliminar la reelección de legisladores y proponer el adelanto de elecciones casi al final de su discurso por fiestas patrias.