MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Perú ha puesto en marcha una investigación contra el expresidente Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte, hermano de la actual presidenta Dina Boluarte, entre otros, por supuesta extorsión al ex primer ministro Alberto Otárola, en relación a unos vídeos comprometedores para forzar su salida del Gobierno.
Dicho material ahondaría en la relación sentimental que Otárola habría mantenido con una joven de nombre Yaziré Pinedo. Un vínculo que ya hizo que dimitiera en marzo de 2024, después de las sospechas de que habría concedido a esta mujer contratos estatales cuando ejercía como jefe del gabinete de Boluarte.
La investigación sostiene que Vizcarra, Boluarte, el ministro de Educación, Morgan Quero, y Pinedo habrían urdido un plan para presionar a Otárola a través de este material y forzarle a nombrar a César Figueredo --también investigado-- como nuevo jefe de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Después de que Otárola se negara a interceder por Figueredo --y tras conocer la existencia de una grabación comprometedora en posesión de Pinedo--, éste y Vizcarra instaron a la mujer a presionar al ex primer ministro o bien lo filtrarían a la prensa, según ha revelado un colaborador especial de la Fiscalía, de acuerdo con una investigación del programa Punto Final de Latina Televisión.
En lo que respecta a la implicación de Quero y Boluarte, ambos contarían con partes de esa grabación, después de que se las facilitara Figueredo, a fin de hacérselas llegar a la presidenta Dina Boluarte y propiciar así el cese de Otárola.
Otárola, quien también ejerció como ministro de Defensa tras una de las numerosas crisis de gobierno de Boluarte, presentó su dimisión en marzo de 202, después de que salieran a la luz unos audios en los que se le escucha dirigirse a Pinedo de manera afectuosa y pidiéndole su currículum.
Ya en aquella ocasión, afirmó ser víctima de una trama para sacarle del gobierno en la que estaría involucrado por un Vizcarra que en septiembre fue inhabilitado para ocupar cargos públicos para los siguientes diez años como consecuencia de su vacunación irregular contra la COVID-19 durante la pandemia.