MÉXICO DF, 6 Oct. (Reuters/EP) -
El número de cadáveres localizados en las últimas horas en varias fosas comunes en la localidad mexicana de Iguala ha ascendido a 28 y las autoridades sospechan que policías locales habrían colaborado con el crimen organizado para asesinarlos.
Los cadáveres podrían corresponder a algunos de los 43 estudiantes desaparecidos hace una semana tras la matanza de activistas estudiantiles por parte de policías y pistoleros. Los cuerpos están calcinados y algunos de ellos presentan mutilaciones.
En declaraciones, funcionarios locales anónimos confesaron que, al menos 34 cuerpos, habían sido enterrados en las diferentes tumbas clandestinas encontradas este fin de semana.
El fiscal del estado de Guerrero, Iñaky Blanco, indicó que "hasta el momento, el personal de la fiscalía del estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación".
Blanco aseguró que dos supuestos miembros del grupo criminal confesaron haber matado a 17 de los estudiantes desaparecidos con la colaboración de agentes de seguridad de Iguala.
De esta forma, el fiscal explicó que "existen elementos para establecer el involucramiento en los hechos delictivos que se investigan de grupos de delincuencia organizada, particularmente el conocido como Guerreros Unidos".
Por otro lado, un agente de seguridad local -que habló bajo condición de anonimato- señaló que hay sospechas de que policías infiltrados por carteles locales de la droga secuestraron a algunos de los estudiantes.
"No los puedes llamar policías realmente", apuntó el agente, y añadió que presuntos pandilleros -quienes ayudaron a las autoridades a las autoridades a identificar el sitio- habían dicho a investigadores que los policías habían hecho entrega de los estudiantes a las personas que los ejecutaron, pertenecientes al crimen organizado.
Unos 22 agentes, entre los que se encuentra el secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores, han sido detenidos por su presunta participación en los ataques del 26 de septiembre contra varios vehículos y autobuses en Iguala, incidentes en los que murieron seis personas, entre ellos tres estudiantes y otras 25 resultaron heridas. Asimismo, se han detenido también a miembros de 'Guerreros Unidos'.
El funcionario apuntó que los cuerpos hallados fueron colocados sobre camas de ramas y troncos y rociados con alguna sustancia inflamable que pudo ser diesel o gasolina y afirmó que la identificación de los cuerpos encontrados tardará entre 15 días y dos meses.
Varios soldados y policías han acordonado el área cercana a las fosas, a la que se llega tras una marcha de 40 minutos a través de un camino inaccesible para vehículos.
Mientras que agentes federales, policías y el Ejército continuaban retirando los restos de los cuerpos, familiares de los estudiantes desaparecidos protagonizaron una manifestación este domingo en una autopista que conecta el balneario de Acapulco, en Guerrero, con la Ciudad de México para exigir información sobre el paradero de su familia.
EXIGEN RESPUESTAS AL PRESIDENTE
El hallazgo de las fosas supone una gran presión para el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien asumió el poder hace dos años y prometió erradicar la violencia generada por el narcotráfico, una lacra que se ha saldado con la vida de alrededor de 100.000 personas desde el 2007.
A pesar de que el número de homicidios ha disminuido, otros delitos como la extorsión y el secuestro han aumentado.
La hermana de uno de los desaparecios subrayó que "las cosas van de mal en peor. Supuestamente Peña Nieto no está involucrado, pero las cosas están pasando en su nariz. Esta involucrado en todo".
En las últimas semanas, el Gobierno de Peña Nieto ha tenido varios golpes en materia de seguridad, como el asesinato de un diputado federal de la oposición y la muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, en el Estado de México, un caso en el que tres militares han sido acusados de homicidio.
EJECUCIÓN DE 22 DELINCUENTES
La justicia militar detuvo hace pocos días a ocho militares mexicanos por su supuesta relación en la muerte de 22 presuntos delincuentes en el municipio de Tlataya, en el Estado de México, en un hecho que tuvo lugar el pasado 30 de junio y que, según algunos testigos, pudo tratarse de una ejecución, después de que los delincuentes se rindiesen.
Tal y como indica Notimerica.com, estos ocho militares que participaron en el enfrentamiento en Tlataya -donde se encontraron los cuerpos sin vida de 22 presuntos delincuentes en un almacén- fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia Militar, que sigue investigando los hechos.
La polémica surgió hace dos semanas, después de que la edición mexicana de la revista Esquire publicase las declaraciones de una supuesta testigo presencial, que relata que, después del enfrentamiento, los presuntos delincuentes se rindieron y una vez que estaban en el suelo los miembros del Ejército los ejecutaron.
Los ocho militares se encuentran en la prisión del Campo Militar Número Uno y están a disposición del Juzgado Sexto Militar.
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