Los investigadores piden que se levante el aforamiento del actual ministro de Economía
MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, que se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción, ha sido señalado este lunes por su posible implicación en una red clientelar en la que autoridades presuntamente recibían sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos, principalmente en el sector de la construcción.
La sospecha parte de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a la ONU e impulsor de algunos de las principales investigaciones lanzadas en los últimos años, entre ellas la que llevó a la cárcel a Pérez Molina hace cuatro años por un presunto fraude en el sistema de aduanas.
En esta ocasión, los investigadores sospechan de la existencia de "una red de personas con alto poder político" responsables del "cobro millonario de comisiones ilícitas. Para este fin, contaban con "un presidente recién electo" como Pérez Molina y dos secretarios privados de los gobiernos saliente y entrante, así como con "empresarios y abogados de alto perfil".
De esta forma, se constituyó "una organización criminal cuyo objetivo era apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes".
Los empresarios pactaban con los funcionarios del Gobierno el pago de una serie de sobornos, en efectivo o a través de bienes inmuebles, "para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas", según el comunicado de la CICIG.
Uno de los principales empresarios involucrados es José Maynor Palacios Guerra, vinculado al menos a tres firmas con contratos con el Estado y que pagó a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, secretario privado de la Presidencia entre los años 2008 y 2012 --con Álvaro Colom--, unos 7,2 millones de dólares entre febrero de 2011 y abril de 2012.
Entre los sobornos detectados figura una casa entregada por Alejos a Pérez Molina a través de la empresa Neoproyectos S.A, poco después de su victoria electoral. Mediante un contrato de arrendamiento simulado, el entonces mandatario recibió una vivienda "como una dádiva o presente para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios", según la CICIG y la Fiscalía, que acusan a Pérez Molina de asociación ilícita y cohecho pasivo.
Para el pago de comisiones, los integrantes de la red presuntamente utilizaban tanto el sistema bancario guatemalteco como el internacional, "particularmente el panameño" a través de una empresa fantasma. "Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero", han explicado las autoridades.
La lista de acusados también incluye al secretario privado de la Presidencia durante el mandato de Pérez Molina, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, y el exvicepresidente Gustavo Espina. Se reclama, asimismo, dejar sin aforamiento al actual ministro de Economía, Acisclo Valladares, supuestamente implicado en el manejo de acciones y propiedades de la presunta trama.