BOGOTÁ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre justicia transicional, como parte del proceso de paz que comenzó hace casi tres años, según han informado los medios de comunicación colombianos.
Con la presencia en la mesa de La Habana (Cuba) del propio presidente colombiano y del líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', se ha leído el comunicado en el que se acuerda la creación de un tribunal especial encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado conjugando la legislación penal aplicable y lo pactado sobre justicia transicional.
Para que las FARC puedan participar en este sistema de justicia deberán dejar las armas en un plazo máximo de 60 días tras la firma del acuerdo final que, según ha detallado Santos se firmará como tarde en marzo de 2016. En la declaración conjunta se apoya también la conversión de la guerrilla en un movimiento político legal, algo que se define como "un objetivo compartido" que "tendrá apoyo del Gobierno".
JUSTICIA TRANSICIONAL
La sede jurisdiccional estará formada por dos salas: una para sentenciar, a la que llegarán los casos en los que el acusado haya admitido su culpabilidad; y otra para juzgar, a donde se remitirán las causas que requieran la comprobación de los hechos.
El texto ha sido leído por los representantes de los países garantes de los diálogos de paz: Dag Nylander, garante de Noruega, y Rodolfo Benítez, garante de Cuba. En el mismo, se detalla la intención de que los nuevos mecanismos sirvan para "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos".
Los tribunales estarán integrados especialmente por magistrados colombianos y una participación, minoritaria, de juristas extranjeros.
Santos ha asegurado que este esperado anuncio va a servir para "lograr el máximo de justicia posible para las víctimas". "El acuerdo garantiza que los crímenes más graves y representativos no quedarán en la impunidad", ha aseverado.
DELITOS POLÍTICOS Y DE LESA HUMANIDAD
De acuerdo con el texto, el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Sin embargo, se advierte de que "no serán objeto amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que correspondan con delitos de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra, como la toma de rehenes, secuestro, tortura desplazamiento forzado, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual".
Los delitos de lesa humanidad tendrían penas de los 5 a los 8 años de prisión, que podrían ser sustituidas por trabajos a favor de la sociedad colombiana y especialmente de las comunidades más afectadas por el conflicto. El comunicado añade que las penas serían mayores para quienes no se presenten voluntariamente a reconocer los delitos y no reconozcan su responsabilidad.
En este sentido, el acuerdo insiste en que "todo tratamiento especial está condicionado a la verdad plena, la reparación de las víctimas y la garantía de la no repetición de los delitos cometidos".