Publicado 23/10/2024 13:43

Sheinbaum reiterará la petición de salvoconducto para Glas y seguirá con la demanda ante la CIJ contra Ecuador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que su gobierno reiterará la petición de salvoconducto para el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y seguirá con la demanda que presentó su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto policial a la Embajada mexicana en Quito.

"Sí, lo dije desde la campaña, cuando ganamos la elección y ahora como presidenta", ha dicho al ser preguntada al respecto, agregando que suscribirá todo lo que interpuso López Obrador en instancias internacionales "por la violación a la soberanía" de Ecuador en el caso de la Embajada de México.

Sheinbaum ya rechazó en junio sentarse a dialogar con Ecuador, catalogando lo sucedido como "sumamente grave" y aseguró que las condiciones para retomar los lazos diplomáticos pasan por una disculpa y por el reconocimiento del derecho de asilo.

El Gobierno mexicano de López Obrador solicitó a principios de agosto el salvoconducto para Glas con la intención de que "sea entregado y trasladado a un tercer país conforme" la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas).

México invocó el acuerdo suscrito en Suiza en junio para salvaguardar los intereses mexicanos en Ecuador después de la ruptura de las relaciones bilaterales. Esto se produjo tras la entrada por la fuerza de la Policía de Ecuador en la legación diplomática mexicana en Quito para detener a Glas.

Las autoridades mexicanas presentaron en abril una denuncia contra Ecuador ante la CIJ por el asalto a la Embajada para detener a Glas, quien había alegado temor por su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que le brindaría asilo político.

Ecuador acusa al exvicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manabí tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016, que dejó más de 670 muertos.

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