Actualizado 14/12/2016 16:10

Gobierno y FARC se reúnen para acordar los puntos prioritarios para implementar el acuerdo de paz

Los negociadores de las FARC, Iván Márquez, y del Gobierno, Humberto de la Calle
REUTERS / ENRIQUE DE LA OSA

BOGOTÁ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los negociadores del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han reunido este miércoles, en el marco de la comisión de implementación, para decidir el orden en el que enviarán al Congreso los proyectos de ley que darán vida al acuerdo de paz.

Los negociadores buscan establecer un orden de prioridades para convertir en leyes cada uno de los puntos del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en Bogotá, cuya implementación corresponde al Congreso.

El Gobierno ha enviado este mismo miércoles a la sede legislativa el borrador de la ley de amnistía e indulto para los guerrilleros de las FARC que hayan cometido delitos políticos o conexos, que incluye también "tratamientos penales especiales" para los agentes del Estado.

Desde la Casa de Nariño ya han apuntado que el siguiente proyecto de ley será el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada por las partes para juzgar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante la guerra.

El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha avanzado que el Gobierno pretende presentar un primer paquete con 11 iniciativas legislativas que abarquen los temas más urgentes, al que seguirán otros en los próximos meses.

"Aquí lo que vamos a tener es seis meses continuos de una tarea del Congreso para aprobar las distintas normas que tienen que ver con el acuerdo de paz y los distintos puntos de la agenda" de negociaciones, ha dicho, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Las partes también han abordado en la reunión de este miércoles las medidas que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, podría sacar adelante gracias a las facultades extraordinarias que le concede el 'fast track'.

El 'fast track' es el trámite parlamentario acelerado que diseñó el Gobierno para materializar el acuerdo de paz. Reduce de ocho a cuatro los debates de senadores y diputados y otorga poderes especiales a Santos. Tanto el Congreso como el Constitucional han dado su visto bueno.

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