MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONG Justicia por Colombia ha presentado este jueves al embajador colombiano en Madrid, Orlando Sardi de Lima, una carta en la que piden que se responda a una serie de preguntas acerca del supuesto espionaje llevado a cabo en España por el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS) contra políticos, ONG, magistrados y políticos opositores.
Uno de los portavoces de Justicia por Colombia, Francisco Pérez, ha explicado que con la carta pretenden "pedir explicaciones al embajador por el espionaje. Si tenía conocimiento la Embajada, aunque sería raro que no tuviera conocimiento alguno". En la carta, se pregunta durante cuánto tiempo se desarrollo las labores de seguimiento, en qué consisten y si se han tomado medidas para que no se vuelvan a producir estos hechos.
Pérez ha comentado que con el documento que presentan al embajador pretenden expresar su queja por los hechos. Según el artículo 23 de la Constitución colombiana, todo ciudadano tiene derecho a preguntar "por motivos particulares o de interés general" y que se le responda en un plazo máximo de 15 días.
Dos ciudadanos colombianos residentes en Madrid presentaron el 26 de octubre una querella contra el anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en su calidad de ex presidente y responsable directo del DAS; el director de este organismo entre 2002 y 2006, Jorge Aurelio Noguera; y uno de sus subdirectores, Germán Villalba, quien estuvo destacado en España.
Los tres están acusados de supuesto espionaje contra al menos 20 personas residentes en España, según se desprende de una investigación de la justicia colombiana iniciada en 2009 en la que se descubrió una operación que vigilaba a personas que se consideraban opositores contra el Gobierno de Uribe.
La querella sólo corresponde a hechos delictivos en España, ya que existe una investigación en curso sobre estos hechos en el país sudamericano, que ha llevado a la cárcel a Villalba.
Según la Fiscalía General de Colombia, el Grupo Especial de Inteligencia G-3 del DAS grabó conversaciones, interceptó correos y vigiló las actividades entre 2004 y 2005 de estas personas para "desprestigiarlas a través de medios de comunicación, panfletos, libros, páginas web, sabotaje a partir de terrorismo explosivo, y utilizando las amenazas y el chantaje".
OPERACIÓN EUROPA
El ámbito de actuación del G-3 no se limitó al territorio colombiano y abarcó varios países europeos en lo que se nombró "operación Europa". En este caso también se buscaba desprestigiar a organizaciones que defendían los Derechos Humanos en el país sudamericano y a ciudadanos que habían huido de Colombia por el temor a represalias políticas.
Un grupo de ONG, entre ellas Oxfam-Solidaridad y la Federación Internacional de Derechos Humanos, presentó otra querella en un tribunal en Bruselas por las operaciones de espionaje llevadas a cabo en Bélgica.
Otro portavoz de Justicia por Colombia, Mauricio Valiente, ha explicado que actualmente la juez que lleva la causa en España ha pedido todos los informes de la investigación de la Fiscalía colombiana, ya que los documentos aportados por los querellantes suponen sólo el uno por ciento de todos los datos recopilados por la Justicia colombiana.
"Uribe debería tener el interés de comparecer y explicar las operaciones, decir si existe responsabilidad política, o fue obra de funcionarios", ha declarado Valiente. Algunas organizaciones que formaron posteriormente Justicia por Colombia, creada en 2008, figuran en la lista de las ONG que podrían haber sido espiadas en España.
Entre los políticos supuestamente vigilados figura la ex diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro, que visitó Colombia en 2004 para participar en el encuentro Voces del Mundo por la Vida. Su presencia en este foro y la del resto de ponentes y participantes fue "estrechamente vigilada por los agentes del DAS", según consta en un informe de la Fiscalía colombiana.
Justicia por Colombia también ha pedido que se informe sobre los datos recopilados en el viaje de Navarro, y si otros activistas españoles que defienden los Derechos Humanos en el país sudamericano han sido espiados.
La Fiscalía que lleva el caso en Colombia explicó en un informe que las actividades que desarrollaban las ONG "no podían ser objeto de seguimientos, interceptaciones de correos ni en Colombia ni en el exterior" ya que no investigaban delitos ni temas relacionados con la seguridad nacional. El supuesto espionaje "afectó sus derechos fundamentales y extendió el concierto para delinquir en el continente europeo".