BOGOTÁ 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han decidido desmarcarse de la paz firmada con el Gobierno de Juan Manuel Santos han aumentado debido a la inseguridad jurídica que ha generado la reciente crisis del proceso.
El analista colombiano Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, ha indicado, en una entrevista concedida este jueves a Caracol Radio, que a la primera deserción en bloque, anunciada por el Frente Primero de las FARC, han seguido otras muchas.
En los últimos días, ha señalado, se han registrado más bajas en las filas insurgentes en los departamentos de Nariño, Vichada y Antioquia para, en muchos casos, sumarse a las bandas criminales que hasta ahora colaboraban con las FARC.
El comandante de la Policía de Nariño, el coronel Haidibier Restrepo, ha confirmado que han surgido nuevos grupos armados en la zona de Tumaco, entre los que ha destacado El Nuevo Orden, más presente en áreas urbanas, y El Renacer, que controlaría los núcleos rurales.
Los enfrentamientos entre ambas organizaciones criminales han dejado al menos 60 muertos en los últimos seis meses, de acuerdo con datos de la Alcaldía de Tumaco (Nariño). El líder de El Nuevo Orden, alias 'Don Y', apareció muerto hace un mes.
"Son organizaciones que se han conformado muchas veces por disidentes, personas que no se han acogido a los procesos de paz que se han adelantado en el país y han conformado organizaciones que estamos combatiendo de inmediato", ha dicho Restrepo.
CRISIS DEL PROCESO
Ávila ha apuntado como principal causa de las deserciones el limbo legal provocado por el triunfo del 'no' en el plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre para que los colombianos se pronunciaran sobre los acuerdos de paz.
El Gobierno y las FARC confiaban en que los colombianos respaldaran los textos de La Habana, por lo que ya habían comenzado a aplicar parte de su contenido: el alto el fuego bilateral --vigente desde el 29 de agosto y hasta el 31 de diciembre-- y la desmovilización.
Aunque la tregua es frágil --el 15 de noviembre se produjo la primera violación con la muerte de dos guerrilleros a manos del Ejército en Bolívar--, el punto que mayor desasosiego ha causado entre los insurgentes ha sido la desmovilización.
Tras firmarse el acuerdo de paz, muchos guerrilleros abandonaron su escondite en la selva para dirigirse a determinados puntos del territorio colombiano donde deberán permanecer hasta que se complete su paso a la vida civil.
Ávila ha contado que la mayoría de las zonas de concentración no están preparadas. A este respecto, ha mencionado como ejemplo Cauca, donde "hasta hace dos días no se había pasado ni un machete" para construir la infraestructura requerida.
El Gobierno ha publicado este mismo jueves los decretos para crear las 27 zonas de concentración. Habrá cinco en Antioquia, tres en Cauca, tres en Caquetá, tres en Meta, dos en Tolima, dos en Nariño, dos en Guaviare, una en Córdoba, una en La Guajira y otra en Chocó.
Ávila también ha mencionado los problemas penales. Los guerrilleros aguardan a que las autoridades confeccionen la ley de amnistía para los responsables de delitos políticos y conexos para saber quiénes resultarán beneficiados y quiénes tendrán que someterse a la justicia transicional.
Roy Barreras, negociador de paz del Gobierno, ha coincidido con este diagnóstico. "La ley de amnistía debió ser radicada ya (...) para que estos miles de combatientes puedan avanzar con seguridad jurídica" a las zonas de concentración, ha dicho, al tiempo que ha pedido acelerar la construcción de estos campamentos provisionales.
Para Barreras, el proceso de paz "requiere cuidados intensivos y no los está teniendo con la suficiente dedicación y proporción ni presupuestal ni logística".
El Congreso colombiano, que ya ha refrendado el acuerdo de paz modificado con las propuestas del 'no', trabaja ahora en la fase de aplicación, que supone convertir en leyes la inmensa mayoría de su contenido.