La seguridad de excombatientes y líderes sociales o el programa de sustitución de cultivos, entre las asignaturas pendientes
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) puso fin a décadas de un conflicto interno que impidió la expresión democrática pacífica en el país latinoamericano. Este domingo se cumplen cinco años de la firma y, aunque la implementación del acuerdo avanza, se topa con retos y obstáculos.
El acuerdo consta de cinco puntos que abarcan desde el fin del conflicto hasta la participación política, pasando por un compromiso para una reforma rural "integral", una solución al asunto de las drogas ilícitas y un acuerdo sobre las víctimas del conflicto. En estos cinco años se han logrado avances "tangibles" y "concretos" en algunos de estos puntos, mientras que en otros se ha avanzado "menos".
Así lo explica el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, para quien la implementación "integral" de lo pactado es una prioridad, habida cuenta de que el acuerdo es "un conjunto interconectado". "Unas áreas refuerzan a otras", dice del pacto, que hay que "alimentar".
Ruiz Massieu subraya en una entrevista a Europa Press que uno de los éxitos del pacto es el proceso de abandono de las armas, "muy encima de los estándares internacionales y de Naciones Unidas". A su juicio, en nueve meses, el proceso de desarme fue "realmente muy expedito, muy bien hecho".
En segundo lugar, el también representante especial del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en Colombia, destaca la transformación de las FARC-EP, la guerrilla más grande y más antigua de la región, en un partido político --primero llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y, desde enero de este año, Comunes para evitar asociaciones con el grupo armado--.
El punto 2 del acuerdo, que se enfoca en la apertura democrática para construir la paz en Colombia, establece que, en el marco del fin del conflicto, se requiere la ampliación de la democracia para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político, y enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los principales problemas de Colombia.
"(Comunes) hoy trabaja en la institucionalidad democrática colombiana, presentando iniciativas, participando en debates", señala Ruiz Massieu, que incide en que uno de los objetivos del acuerdo era "canalizar por la vía democrática, la vía pacífica, la vía política" lo anteriormente expresado mediante las armas.
En tercer lugar, el representante de Naciones Unidas destaca "el avance y la consolidación de una institucionalidad" derivada del acuerdo, parte de "esa apuesta por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición". "El entramado institucional centrado en esos preceptos --la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por ejemplo-- va dando resultados importantes", se congratula Ruiz Massieu.
LA SITUACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, que vertebró la puesta en marcha de la implementación del pacto. Hasta la fecha, más del 90 por ciento de los excombatientes participan activamente en el proceso de paz, un porcentaje "muy alto" para procesos de esta índole, recalca Ruiz Massieu.
Según recoge el último informe trimestral del secretario general de la ONU para la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, un total de 13.589 exintegrantes de las FARC-EP están acreditados y cerca de 10.000 excombatientes viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De estos, aproximadamente la mitad participan en proyectos productivos colectivos e individuales.
No obstante, la reincorporación "no está ausente de retos, obstáculos o problemas", aunque se hayan registrado "avances tangibles y concretos" en este punto, según Ruiz Massieu, que destaca entre estos la sostenibilidad de la reincorporación de estas personas. "La expectativa es que la reincorporación sea sostenible en el tiempo, que los proyectos a los que dedican su vida los excombatientes sean duraderos", indica.
En esta línea también se manifiesta Guterres en su informe trimestral, donde explica que "el complejo contexto al que se enfrenta el proceso exige un mayor apoyo para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos". Así, pide centrarse en "la comercialización, los vínculos con los planes de desarrollo locales y una mayor asistencia técnica", lo que incluye "un apoyo específico a las mujeres, especialmente aquellas que viven fuera de los ETCR.
Sin embargo, el mayor reto al que se enfrenta el acuerdo en materia de excombatientes es su seguridad, además de las de las comunidades, los líderes sociales y los Defensores de los Derechos Humanos.
Desde la firma del acuerdo, la Misión de la ONU ha verificado 286 asesinatos --8 de ellos mujeres--, siendo 2019 el año más mortífero para los excombatientes --78 asesinados--. Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), cifra en 1.241 los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 126 de ellos en lo que va de año.
"Es un reto mayúsculo", uno de "los más importantes", concede Ruiz Massieu, que incide en que es un asunto que "siempre" ha preocupado a la misión. En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Iván Duque continúe implementando medidas y, aunque "lo ha estado haciendo", espera que "tengan resultados concretos".
"Traer a esa Colombia rural, periférica, a la Colombia más amplia, nacional", hace hincapié, indicando que además de con la presencia del Estado en esos territorios, la manera es poner en marcha programas sociales e instituciones civiles en estas regiones.
"Es una asignatura pendiente para lo que queda de Gobierno y futuros, avanzar en esos temas que nos preocupan, como el de la seguridad", incide el representante de la ONU, que también hace alusión al asunto de la sustitución de cultivos ilícitos.
Según explica, necesita un empuje para que a las familias que se acogen a la erradicación puedan acceder a un proyecto alternativo de vida, ya sea agrícola o ganadero. "Esta es la parte que ha avanzado menos", lamenta Ruiz Massieu.
QUE EL GOBIERNO "SIGA TRABAJANDO"
En referencia al papel de la Administración Duque en la implementación de los acuerdos, Ruiz Massieu indica que esta es "parte de su agenda, de su promesa de acciones y de sus políticas públicas", al tiempo que reconoce que algunos de los avances conseguidos son mérito, en gran medida, de su gobierno.
"Pero hay otros temas que necesitamos que este Gobierno siga trabajando e implemente", agrega, aunque recuerda que desde Naciones Unidas siempre se ha reconocido el compromiso de las dos partes firmantes.
Durante su visita a España, Duque aludió a las acusaciones vertidas sobre él por la implementación del acuerdo y consideró que tienen lugar "por razones políticas". "Decidimos una paz con legalidad que nos permite avanzar en la implementación (...) tratar con un enfoque fortalecido cosas que tenían flaquezas", sostuvo.
Ruiz Massieu evita calificar si el acuerdo avanza "a buen ritmo" o no, pero se muestra "categórico" al señalar que "avanza". "Y esperamos que siga avanzando", zanja.