BOGOTÁ, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado al Estado colombiano por su responsabilidad en las numerosas violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá.
"La CIDH ha declarado responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de estos sucesos", ha dicho en un comunicado en el que ha dado a conocer el contenido del fallo emitido el pasado 14 de noviembre.
En concreto, ha condenado a Colombia por "las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos visitantes y de una guerrillera del M-19", así como por la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas.
También ha apuntado a "las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19".
Además, ha señalado a "la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y al incumplimiento del deber de prevención frente al riesgo en el que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia, que era conocido por el Estado".
TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
El 6 de noviembre de 1985 guerrilleros del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, ubicado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, a lo que militares y policías respondieron con un operativo que duró 27 horas, prolongándose hasta el día siguiente.
En total, 98 personas murieron y 11 desaparecieron, aunque en el año 2000 este número se redujo a 10 con el hallazgo en una fosa común del cadáver de Ana Rosa Castiblanco, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron en 2005 que los civiles desaparecidos salieron con vida de la sede judicial bajo custodia de la Fuerza Pública. Hasta ahora, han sido detenidos tres militares por estos hechos.