MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha advertido este viernes de que "los años de progreso en la protección e integración de las poblaciones desplazadas corren el riesgo de perderse" por el repunte de la inseguridad en algunas zonas y la falta de fondos.
Un portavoz de la agencia, William Spindler, ha señalado, además, que "el precio más alto" lo pagarán "los más vulnerables: niños, mujeres y familias desplazadas", según un comunicado difundido por ACNUR.
Los refugiados y desplazados internos pueden verse obligados a desplazarse de nuevo en busca de seguridad y estabilidad, mientras que los retornados no encontrarán condiciones para establecerse de nuevo, ha asegurado ACNUR. Colombia alberga una de las mayores poblaciones desplazadas del mundo, con más de siete millones de desplazados internos, casi tres millones de venezolanos refugiados y migrantes, y más de medio millón de colombianos retornados.
La nota publicada sitúa Catatumbo como una de las zonas donde el problema es más grave y ACNUR ha tenido que interrumpir la distribución de bienes de primera necesidad. Allí, enfrentamientos entre grupos armados han provocado el desplazamiento forzoso de más de 63.000 personas, en lo que constituye el mayor desplazamiento masivo registrado en la historia de Colombia.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SUSPENDIDOS POR FALTA DE FINANCIACIÓN
Ante estas cifras de población y un agudo déficit de financiación, ACNUR está teniendo que suspender servicios esenciales, según ha explicado la agencia, lo que podría "deshacer años de progreso". Programas que apoyan a las comunidades afectadas por conflictos, permiten el retorno seguro de las familias desplazadas internas y regularizan los asentamientos urbanos informales "se están reduciendo o interrumpiendo", ha reconocido su portavoz.
Además, la agencia de la ONU ha asegurado que se ha visto obligada a interrumpir su apoyo a la legalización de los asentamientos informales dirigida por el Gobierno, una iniciativa que garantiza soluciones mediante derechos de propiedad y permite el acceso al agua, la electricidad y una vivienda segura a más de 105.000 personas.
Por otra parte, Spindler ha afirmado también que se están viendo afectados gravemente diversos programas, como los de protección a la infancia, de ayuda a la regularización, de asistencia jurídica o de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
La escasa financiación está siendo el principal problema. El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que aporten los 118,3 millones de dólares (104 millones de euros) que necesita para mantener su labor en Colombia. Además, ACNUR denuncia que sólo está financiado en la actualidad en un 4,6 por ciento de los 1.400 millones de dólares (1.233 millones de euros) que requiere el Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y Migrantes Venezolanos en América Latina y el Caribe.