Actualizado 03/12/2014 14:21

La Cámara de Diputados mexicana plantea restringir el derecho de manifestación

Cámara de Diputados México
Foto: WIKIPEDIA

MÉXICO DF, 3 Dic. (Notimérica) -

   Ante las protestas y los continuos bloqueos de avenidas y accesos a los aeropuertos de todo el país por la desaparición de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa, la Cámara de Diputados estudia modificar la Constitución para garantizar el derecho a la movilidad, lo que provocaría una restricción del de manifestación, reunión y expresión.

   Según informa el diario mexicano 'La Jornada', el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del actual presidente, Enrique Peña Nieto, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN) ya iniciaron el trámite de reforma de la Constitución el pasado 23 de abril.

   Sin embargo, la Mesa Directiva de la Cámara congeló la propuesta que ha sido incluida en los puntos del día de la sesión de este martes, como respuesta a la manifestación que el pasado lunes congregó en las calle de México DF a una multitud que exigió la renuncia del presidente del país.

   En el pleno, se estableció que el Congreso deberá aprobar en menos de 180 días una ley general que fije las bases para hacer efectivo el derecho a la movilidad, que obligará a los estados a adecuar sus legislaciones a esta nueva norma.

   Pese a que se establece que la nueva ley no debe estar en pugna con otros derechos reconocidos por la Constitución como el de manifestación, reunión y protesta social, los partidos de la izquierda han criticado la medida, ya que consideran que su finalidad es limitar las crecientes protestas que se han producido en los últimos meses.

   "Estamos en riesgo de aprobar una ley que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y a la protesta social y, en consecuencia, a la represión oficializada", ha destacado la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Graciela Saldaña Fraire.

   Por su parte, el vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, ha asegurado que se trata de una medida "inoportuna", que puede utilizarse como "una coartada para la represión y frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse".

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