MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha reconocido que el Gobierno está teniendo ciertas dificultades para formar equipos por la presencia todavía en las instituciones de "docenas de bolsonaristas infiltrados".
"Hay que tener un poco de paciencia, porque llevamos 40 días en el Gobierno. Ni siquiera hemos logrado armar los equipos todavía, porque tenemos que sacar a la docena de bolsonaristas que están infiltrados", reconoció Lula esta semana durante un evento celebrado en Salvador, informa 'O Globo'.
Desde su llegada al Palacio del Planalto, ha estado intensificando esa suerte de purga de las instituciones, en especial tras los ataques a la Explanada de los Ministerios del pasado 8 de enero, que pusieron en entredicho el papel de varios altos mandos de las fuerzas del orden por supuesta omisión de sus funciones.
Una de las promesas de Lula en campaña fue desmilitarizar las instituciones, después de un mandato el de Bolsonaro con fuerte presencia de militares tanto como responsables de ministerios, como de otras oficinas y carteras secundarias.
A su vez, se vetaron algunos de los nombramientos que Jair Bolsonaro dejó designados en agencias reguladoras, embajadas, e incluso para puestos de mando de las fuerzas del orden. El objetivo también pasa por depurar los cargos ocupados por simpatizantes de Lava Jato, la operación anticorrupción que se demostró envío de formar ilegal al presidente Lula a la cárcel.
Entre los órganos que más recelos levanta dentro del nuevo gobierno está la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), en su día comandado por el general Augusto Heleno Ribeiro, hombre del confianza del expresidente, y de donde 80 militares han sido exonerados, entre ellos su 'número dos'.
Las sospechas se convirtieron en realidad para algunos después de lo ocurrido el 8 de enero en Brasilia, con el presidente Lula acusando a los responsables del GSI de connivencia con los asaltantes y cesando a muchos de ellos.
La Policía Rodoviaria Federal (PRF) ha sido otro de los focos en los que el nuevo gobierno ha puesto el punto de mira, como demuestra el cese de 26 de los 27 superintendentes regionales de la institución, después de su controvertido papel permitiendo los bloqueos de las carreteras que se levantaron en protesta por el triunfo de Lula en las urnas.