BUENOS AIRES, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El juez Ariel Lijo ha decidido unificar las causas por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito relativas al 'caso Ciccone', en el que está imputado el vicepresidente argentino, Amado Boudou, dejando fuera del proceso al fiscal Carlos Rívolo, uno de los promotores de la investigación contra el 'número dos' del Gobierno.
El magistrado ha decretado la "conexidad" del expediente del 'caso Ciccone' y del supuesto enriquecimiento ilícito del vicepresidente, de modo que ambos procesos se fusionan en uno solo que quedará a cargo del fiscal Jorge Di Lello.
La decisión supone dejar fuera a Rívolo, el fiscal que promovió el allanamiento de la vivienda que Boudou posee en Puerto Madero, donde se supone que se hospedó el empresario Alejandro Vandenbroele, miembro del grupo propietario de la ya extinta Ciccone Calcográfica.
La salida de Rívolo se suma a la del juez Daniel Rafecas, que dirigió la instrucción del 'caso Ciccone' en un principio y concedió al fiscal la autorización para allanar el inmueble del vicepresidente, según ha informado el diario 'Clarín'.
El vicepresidente atacó públicamente a Rafecas y la defensa de su amigo y socio José María Núñez Carmona recusó al magistrado por los contactos que había mantenido con otro abogado para informarle de la causa y a Rívolo.
Además, Lijo ha ordenado nuevas pruebas, solicitando a la administración pública que proporcione un listado con los bienes, cuentas bancarias, fondos de inversión y empresas de las que son propietarios o copropietarios los imputados.
El pasado lunes, Di Lello decidió imputar a Boudou por enriquecimiento ilícito, acusación que también recae sobre su novia, la periodista Agustina Kampfer, Vandenbroele y Núñez Carmona, implicados en el 'caso Ciccone'.
La justicia argentina comenzó el pasado marzo la investigación contra Boudou por haber intercedido a favor de la empresa Ciccone Calcográfica --contratada para la impresión de billetes-- a fin de evitar su bancarrota.
Al parecer, el vicepresidente habría utilizado a los empresarios como testaferros en negocios millonarios con el Estado y habría utilizado el dinero para comprar terrenos en barrios de lujo de varias ciudades, acciones en empresas y abrir cuentas en bancos argentinos y extranjeros.
Esta denuncia se suma a que vinculan a Boudou con los delitos de tráfico de influencias y uso de bienes públicos, entre otros, y que ya están siendo investigadas por la justicia argentina.
Boudou es una de las personas más cercanas a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por lo que su caso podría tener consecuencias en el Gobierno. El escándalo Ciccone, destapado por la prensa, ya ha hecho caer a varios funcionarios 'kirchneristas'.