Capriles denuncia que esta "aberración" busca "confundir" a los ciudadanos y "tapar el rechazo" a Maduro
MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado la intervención del partido opositor Primero Justicia, del que forma parte el excandidato presidencial Henrique Capriles, y ha designado una junta directiva que deberá llevar a cabo un "proceso de reestructuración" de dicha formación.
La medida, adoptada por la Sala Constitucional del TSJ, despoja a la actual dirección de Primero Justicia de "tarjeta electoral, logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto" propio. Todo ello pasa a manos de una junta directiva que estará encabezada por el diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional y considerado aliado del chavismo.
El Supremo se ha pronunciado a raíz de una petición de amparo constitucional planteada por el propio Brito y por Conrado Pérez, también diputado. Ambos habían sido expulsados de Primero Justicia, uno de los principales partidos que confirman el principal bloque opositor en Venezuela.
Capriles ha catalogado al TSJ como "brazo ejecutor de ilegalizaciones" al servicio del Gobierno. "Forzar una reestructuración vía sentencia es una aberración más del poder", ha lamentado en su cuenta de la red social X, desde donde ha recordado que la medida coincide con una visita a Venezuela del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan.
El excandidato presidencial, que se enfrentó en las urnas tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, cree que el Supremo no sólo viola derechos políticos sino que "busca confundir a los venezolanos" de cara a los próximos comicios y "tapar el rechazo" a Maduro.
"Pueden nombrar 'presidencias ad hoc' y cometer más arbitrariedades pero con esto no ganan simpatizantes. Por el contrario, aumentan las ganas de participar", ha recalcado, confiado en poder "redoblar la fuerza" para "ganar con millones de votos" el 28 de julio.
La Justicia venezolana ya había adoptado medidas similares contra otros partidos opositores en el pasado, lo que ha dado pie a una dualidad en la que, por un lado, se sitúan los responsables de las gestoras designadas 'ad hoc' por jueces y, por otro, quienes dicen ser los representantes legítimos de cada una de las siglas intervenidas.
En esta ocasión, la intervención judicial coincide con el avance de los preparativos para las elecciones presidenciales del 28 de julio. La Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina a las principales formaciones opositoras, acordó el viernes la designación de Edmundo González Urrutia como candidato común tras la imposibilidad de inscribir a María Corina Machado.