MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica, que aglutina a la oposición del país, han aprobado este miércoles nueve de los doce puntos de una propuesta inicial durante la primera jornada del diálogo nacional.
"De la propuesta inicial de doce puntos se lograron la aprobación de nueve", ha indicado el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag en una breve declaración.
Sommertag ha recalcado que se ha trabajado en "la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación" y ha anunciado que ambas partes han acordado celebrar la segunda jornada este jueves.
El Ejército de Nicaragua ha emitido más tarde un comunicado en el que expresa su apoyo al diálogo nacional para intentar poner fin a la crisis política del país, suspendido desde mayo de 2018, cuando las protestas derivaron en violentos enfrentamientos que, según organismos defensores de Derechos Humanos, dejaron más de 320 muertos y 600 detenidos.
"Respaldamos este esfuerzo que debe alcanzar los consensos necesarios, como única ruta para la búsqueda de soluciones que nos permitan reencausarnos para consolidar la seguridad, tranquilidad, estabilidad, el desarrollo, el bienestar y el mayor anhelo de todos: la paz", ha indicado el Ejército a través de un comunicado.
Según las informaciones del diario local 'La Prensa', el presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, no han participado en la reapertura del diálogo, como sí hicieron en el primer encuentro celebrado el 16 de mayo de 2018.
El hermetismo ha sido de hecho la nota dominante en las horas previas al arranque del diálogo, ya que por ahora no se saben ni los temas que se abordarán ni quiénes representarán al oficialismo en esta nueva ronda.
La opositora Alianza Cívica ha recalcado que en este encuentro se "define la 'hoja de ruta' para asegurar un proceso transparente, efectivo y concreto". "Nos enfocaremos en acordar metodología, tiempos del proceso, mediadores, testigos y garantes, entre otros aspectos fundamentales, ha dicho, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.
Horas antes de la apertura del diálogo han sido liberadas unas cien personas encarceladas en el país durante los últimos meses en el marco de las protestas celebradas contra el Gobierno de Ortega.
Las órdenes emitidas el martes por la tarde apelan a la "paz", la "armonía" y la "unión familiar" para autorizar a unos cien presos que puedan permanecer en sus casas, a condición de que cumplan una serie de requisitos como no salir del país, personarse una vez al mes en dependencias judiciales o buscar trabajo, según los autos consultados por 'La Prensa'.
Las medidas se han traducido este miércoles en las primeras excarcelaciones, con familiares agolpados a las puertas de las cárceles para esperar un cambio de tendencia que llega en un momento clave.
El Gobierno niega que existan presos políticos en el país centroamericano y asegura que la justicia nicaragüense es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han denunciado medidas represivas contra cualquier atisbo de disidencia.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordado la importancia de que "en este proceso deben tener el acceso a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para la sociedad nicaragüense y, especialmente, para las víctimas", según ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.
En cuanto a la liberación de las 100 personas encarceladas ha subrayado que hasta el momento no ha podido determinar su condición jurídica ni confirmar el número exacto de las personas excarceladas.
La CIDH ha instado al Gobierno nicaragüense a aclarar estos dos aspectos "en base al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos".
Las protestas que vivió Nicaragua entre abril y julio de 2018, desencadenadas en un primer momento por un plan de reforma de la seguridad social, se han traducido en cientos de detenidos, muchos de los cuales llevan recluidos en prisión preventiva "largos periodos de tiempo", según un reciente comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.