BOLIVIA, 26 Mar (EUROPA PRESS)
El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el expresidente Evo Morales han sido citados para declarar como testigos en el caso de la crisis política de 2019, que culminó con la renuncia de Morales y su salida del país. Esta citación fue solicitada por el opositor y exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se encuentra en prisión desde diciembre de 2022.
La Justicia boliviana también ha convocado para el próximo 31 de marzo en La Paz al exvicepresidente Álvaro García Linera, al exministro de Gobierno Carlos Romero, y al actual gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián, para que comparezcan de forma presencial.
El Gobierno boliviano aseguró que el presidente Arce atenderá a la Justicia una vez reciba la citación, destacando su voluntad de cooperación en contraste con otros actores políticos, en una alusión a Morales, sobre quien pesa una orden de arresto por no comparecer anteriormente ante la Justicia por acusaciones de supuesto abuso de menores.
El ministro de Justicia, César Siles, informó al diario 'El Deber' que aunque Arce no fue convocado hasta el momento, se acogerán al privilegio judicial que permite al presidente comparecer por escrito. Desde la defensa de Camacho, se argumenta la importancia de la declaración de Arce para clarificar los motivos de su renuncia como ministro de Economía de Morales en 2019, haciendo énfasis en su misiva que señalaba un mal manejo del Tribunal Supremo Electoral, pero no mencionaba un golpe de Estado.
Morales dimitió en noviembre de 2019 entre acusaciones de fraude electoral, presiones de las Fuerzas Armadas, la oposición y fuertes protestas populares. Camacho, elemento clave en las manifestaciones y en el ascenso de Jeanine Áñez a la presidencia de manera interina, enfrenta cargos en lo que se denomina caso Golpe I, mientras que Áñez fue sentenciada a diez años de prisión por asumir la Presidencia de forma inconstitucional y delitos de terrorismo en grado de complicidad.
Por su lado, la defensa de Evo Morales minimiza la citación judicial, argumentando que el expresidente no tiene por qué participar en esta fase del juicio, según declaraciones a La Razón Radio de Nelson Cox, abogado de Morales. Se percibe esta acción legal como un intento por desviar la atención de los desafíos económicos que enfrenta Bolivia actualmente.