LA PAZ, 29 Sep. (Notimérica) -
Activistas en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia han observado avances en el país a favor de que el aborto sea legal y seguro, además de instar a otros países a derogar normas y políticas de Estado que restringen y penalizan el aborto, según informa el diario boliviano 'La Razón'.
El grupo de expertos ha señalado que "la prohibición no reduce la necesidad ni el número de abortos, solo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales".
La activista Lupe Pérez ha sostenido que "llevamos 20 años de lucha, de activismo, de insistencia de hacer visible un problema en Bolivia, que es exigir nuestro derecho a decidir sobre el aborto. Esta causa comenzó con pocas mujeres y hoy la enarbolan cientos de personas, jóvenes y adultos de ambos sexos, y también autoridades".
Un comunicado de la organización mundial 'Ipas Bolivia', que trabaja para aumentar la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y Caribe --celebrado este miércoles--, denuncia que la penalización del aborto "es una de las expresiones más crueles de control sobre las decisiones de las mujeres, sobre sus vidas y sus cuerpos, condenándolas a poner en riesgo sus vidas y su salud, recurriendo a servicios de aborto inseguro, sobretodo a aquellas mujeres más pobres que son las que engrosan las cifras de mortalidad de mujeres".
"Queremos manifestarnos apelando a los Derechos Humanos, porque el acceso a un aborto seguro enmarca en los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, reconocidos en los principales compromisos y acuerdos internacionales de derechos de las mujeres ratificados por el Estado Boliviano y reconocidos en el Artículo 66 de la Constitución Política", han expresado en 'Ipas Bolivia'.
RECORRIDO DEL ABORTO EN BOLIVIA
Desde 1973 el aborto en Bolivia es ilegal, a excepción de casos para prevenir daño a la salud de la mujer o en casos de violación. Por ello, resulta difícil conseguir un aborto legal y seguro en el país iberoamericano.
La pena es de uno a tres años de cárcel para la mujer embarazada que consiente la operación y de uno a seis años para la persona que realiza el aborto. Según el artículo 266 del código penal, las mujeres pueden realizarse un aborto de manera excepcional con previa autorización judicial. En el caso de que la mujer realizara el procedimiento por sí misma, sólo podrá ser acusada por consentir el aborto.
Pese a su penalización, se ha constatado que esto no ha logrado disminuir su práctica. El resultado de esta situación es que las mujeres lo practican en la clandestinidiad e inseguridad, acarreando graves consecuencias para su vida y salud. De hecho, esta práctica es la causante del 13 por ciento de las muertes maternas, según recoge 'Opinión'.
El Instituto Nacional de Estadística estima que en el país se producen 40.000 abortos cada año. Sin embargo, otras investigaciones hablan de hasta 80.000 casos en ese mismo periodo de tiempo, las cuales provocarían alrededor de 480 muertes anuales, representando la tercera causa de muerte en Bolivia.
Siendo un asunto de justicia social, también lo es de Derechos Humanos, ya que el Estado debe cumplir recomendaciones y compromisos en el marco de tratados internacionales de los que es signatario.
En el Día internacional por la despenalización del aborto en América Latina, Amnistía Internacional pide a todos los Estados de la región que deroguen las leyes que penalizan el aborto y garanticen que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de aborto al menos en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud física o mental, donde hay malinformación fetal grave, además de en casos de violación o incesto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una clara correlación entre la penalización del aborto y la muerte de mujeres por esta causa, ya que la mortalidad materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto.